viernes, octubre 31, 2008

Falos positivos II

 
 

poco tiempo
muchas cosas
el mundo nos devora
la vida no se detiene,
una pausa, una pausa,
por favor.
 
 

directiva ministerial 029 de 2006
falos positivos
Judicial
Cali, Colombia, octubre 30 de 2008
Tomado de www.Elpais.com.co
 

Fiscal solicita revisar directiva ministerial sobre recompensas Elpais.com.co - Colprensa El Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, manifestó que si se llega a comprobar que los casos de desaparecidos y reportados como muertos en combate en Soacha, Cundinamarca, y otras regiones del país constituyen "una práctica sistemática y generalizada, estaremos frente a un delito de lesa humanidad y de ahí a la competencia de la Corte Penal Internacional". Iguarán Arana dijo que en los últimos días se han realizado varias "Operaciones Avispa" que consisten en equipos de investigadores que visitan distintas brigadas del Ejército para recoger información que consideren pertinente para estos procesos. "Hemos observado un patrón común en esta investigación. Los reclutados en Antioquia aparecen muertos en Córdoba, en Tolú Viejo y en Sinú; y los reclutados en Chinchiná aparecen reportados como muertos en combate en una vereda cercana a Manizales", dijo el jefe del ente investigador. Al analizar las coincidencias, durante su intervención en el XIV Congreso Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Paipa (Boyacá), el Fiscal preguntó: "¿No será que el afán por el positivo y las ansias por la recompensa está generando estos graves y oscuros sucesos? Por eso, pidió al Gobierno revisar la directiva ministerial 029 de 2006 sobre el tema de recompensas. "Allí puede estar diciéndose, que hay recompensas por 3 millones 600 mil pesos para cuando se trata de bajas y puede haber una interpretación infortunada que lleva a lo delincuencial". El jefe del ente investigador advirtió que "en el supuesto en que se pueda establecer una responsabilidad penal de estos tres generales llamados a calificar servicios este miércoles, en casos de homicidios por fuera de combate, el Gobierno habría salvado su responsabilidad penal". Según Iguarán Arana, el estatuto de Roma en el Artículo 28 establece que habrá responsabilidad penal respecto de los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional para el jefe militar y su superior, lo que representa al Presidente y a los generales de la República. "En el caso del primero, por no disponer de los controles apropiados para que no ocurrieran esos hechos tan horrorosos y en el caso del segundo, porque tenía la autoridad y el control directo e inmediato para evitar los acontecimientos", explicó el jefe del ente investigador. El Fiscal también exhortó a los peritos de Medicina Legal para que le den prioridad a los requerimientos de jueces y fiscales en las investigaciones por violación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Iguarán Arana desestimó las declaraciones del Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, quien sostuvo que es necesario investigar la actuación del Cuerpo Técnico de Investigaciones en Ocaña, Norte de Santander, y los procedimientos utilizados para el levantamiento de los cadáveres de los once jóvenes desparecidos en Soacha (Cundinamarca). "Debo aclarar que se quiso informar que había algún reparo sobre el proceder del CTI en la realización de las diligencias. No, el CTI acude cuando el Ejército lo llama, como es su proceder, respeta todos los protocolos", expresó Mario Iguarán. De acuerdo con el Fiscal General, el informe del CTI durante el levantamiento de los cadáveres fue el que generó la hipótesis o conjetura judicial sobre una posible ejecución extrajudicial que están manejando los Fiscales que llevan el caso. "No vacila el informe de los investigadores en decir que, por debajo del camuflado, los jóvenes llevaban ropa deportiva. Un combatiente regular o irregular en una zona de calor no lleva ropa de civil", reveló el Fiscal. En el documento también se explica que los jóvenes llevaban botas sin medias; según Iguarán, "los integrantes de un grupo al margen de la ley lo que más se cuidan son los pies en el monte y en la selva, por las jornadas de caminata". "Había llovido y era un terreno fangoso y las botas de las víctimas estaban limpias", precisó. jefe del ente investigador también exaltó la investigación disciplinaria y administrativa que fue realizada en el Ejército y que será incorporada al proceso que se lleva en la Fiscalía. INVESTIGACIONES POR EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES El Fiscal General afirmó que actualmente la Unidad de Derechos Humanos investiga 690 casos de homicidios en persona protegida en la unidad nacional y 90 más en las seccionales, presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública. "Desde hace un año se creó la subunidad de ejecuciones extrajudiciales y por estrategia investigativa vamos a traer las investigaciones que están en los departamentos a la unidad central", dijo. Iguarán Arana manifestó que en el periodo 2007 a 2008, se han dictado 247 medidas de aseguramiento haciéndolas efectivas en un 99%. "Estas decisiones cobijaron no sólo a oficiales y suboficiales. Esto no es por el Caso de Soacha que nos horroriza, pero no nos sorprende", aseguró. Los departamentos donde se presentan más casos son Antioquia, Meta, Córdoba, Norte de Santander y Casanare. "En 20 años, desde 1985 hasta 2005, en investigaciones por homicidio en persona protegida, no alcanzaba la Fiscalía a tener (contando la época de instrucción criminal) más de 100 investigaciones", indicó. 

 



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