viernes, marzo 27, 2009

Falta proteccion a las victimas y organizaciones






COMUNICADO DE PRENSA

ALIANZA IMP DENUNCIA:

FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA DEL GOBIERNO EN PROTECCIÓN A VICTIMAS Y ORGANIZACIONES DE LEY DE JUSTICIA Y PAZ

Alianza IMP, exige al presidente de la CNRR que cumpla con sus funciones de garante de los derechos de las víctimas

Bogotá, marzo 25 de 2009

La Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP, exigió al Gobierno Nacional un verdadero compromiso en la protección y seguridad de las victimas y organizaciones que demandan derechos a la verdad, justicia y reparación en el ámbito de la ley 975 de 2005.

Esta situación fue expuesta en una misiva entregada personalmente al presidente de la CNRR, Eduardo Pizarro, el pasado 16 de marzo, para que en cumplimiento de sus funciones como garante de los derechos de las víctimas en el proceso de justicia y paz, insista al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Uribe, para que demuestre su voluntad política en materia de protección a las víctimas y organizaciones que las acompañan.

En la carta, la Alianza IMP califica como grave la situación de inseguridad y de desprotección por la que atraviesan las víctimas dados los asesinatos que se han registrado a lo largo del proceso de justicia y paz, así como las recientes amenazas y hostigamientos a organizaciones y líderes que adelantan procesos de reclamación de sus derechos.

Igualmente, la Alianza IMP reiteró la denuncia de los graves hechos en su contra como robo de información (hurto de documentos, computadores, usb ) que han ocurrido tres veces a lo largo del último año "situaciones que han puesto en riesgo la integridad de nuestras líderes y de nuestras funcionarias en diferentes regiones del país… cuyo contenido guarda estrecha relación con las actividades de representació n judicial y apoyo psicosocial, que IMP viene prestando a las personas víctimas a las cuales le he hecho referencia", señala la carta, firmada por la directora Angela Yasmith Cerón Lasprilla.

También señala la necesidad urgente de comprender la magnitud de estos problemas, pues si bien es cierto que resulta de la mayor gravedad que las instituciones se vean afectadas por estas circunstancias, - como ha ocurrido a la misma CNRR y a la Defensoría del Pueblo- lo es aun más al verificar los múltiples casos de la misma índole en que se ven envueltas directamente las víctimas en sus regiones y, obviamente, en condiciones de vulnerabilidad casi absoluta.

"Desde la óptica de la Alianza IMP esta problemática encierra dos asuntos claves en el desarrollo de la Justicia Transicional. El primero, de carácter humanitario, que debe dar cuenta de la preocupación del Estado y de la sociedad civil de la suerte de millones de colombianos que han padecido ellos mismos o sus familias los terribles efectos de la guerra. Y el segundo, de consecuencias jurídicas y políticas fundamentales, que tiene que ver con el acceso real y eficaz que deben tener las víctimas a la justicia. Un avance efectivo, en la aplicación y desarrollo de la ley 975 de 2005 en sus diversos sin contar con la presencia viva y libre de todo apremio para las víctimas, no debe siquiera considerarse. Sin las víctimas actuando en los escenarios de Justicia y Paz, los efectos judiciales de la ley se minimizan, los procesos de reparación se entorpecen y las aproximaciones a la paz se inviabilizan." reza la misiva.

La Alianza IMP es accionante de la tutela que ratificó la Honorable Corte Constitucional , a través de la Sentencia T-496 la cual contiene los lineamientos y las orientaciones mas claras logradas hasta ahora, para que el Estado colombiano pueda enfrentar con éxito estas problemáticas. No obstante, el Gobierno se muestra tímido en la adopción de las medidas pertinentes para afrontar con decisión estos asuntos, y en nuestra opinión desatiende lo ordenado juiciosamente por la Corte.

También hace un llamado para que se mire con toda responsabilidad el contexto dentro del cual se desarrolla la ley de Justicia y Paz, teniendo en cuenta que el conflicto se mantiene en vastas regiones del país y el rearme de antiguos sectores paramilitares amenaza gravemente el decisivo papel de las víctimas dentro los procesos en curso para llegar al esclarecimiento de la verdad, la aplicación rigurosa de la justicia y la consecución de los bienes necesarios para la reparación.

El Gobierno de Colombia, en cabeza de su presidente, tiene la obligación de pronunciarse de cara al país sobre este tema esencial y debe comprometerse de inmediato con las medidas integrales que impidan que la violencia frustre los resultados de Justicia y Paz.

ALIANZA INICIATIVA DE MUJERES COLOMBIANAS POR LA PAZ-IMP

OFICINA DE COMUNICACIONES

Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz‐IMP

Tel 2485453 2485608

Transversal 9 No.55‐67 Oficina 201

Bogotá‐Colombia

imp.mujeresporlapaz @yahoo.es

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