sábado, diciembre 20, 2008

Obras, no buenas razones


La otra orilla. Por: Cecilia Orozco Tascón.

 
 http://www.elpais.com.co/HOY/OPN/opi1.html


Diciembre 20 de 2008


Quisiera creer la explicación pública, pero resulta raro que muera accidentalmente y por armas militares, el esposo de la líder indígena Aída Quilcué. Ella se destacó por su activismo en las marchas de protesta que realizó su pueblo en todo el país. Es extraño ese 'accidente', porque las marchas le molestaron a mucha gente, empezando por unos sectores del Gobierno que ven en los indígenas a unos subversivos sospechosos de terrorismo, por tener la dignidad de exigir sus derechos y el cumplimiento de unos compromisos que el Estado firmó, pero no ha querido suplir.

Edwin Legarda, la víctima, se transportaba en un vehículo por una zona rural del Cauca y un pelotón de soldados sin identificar -pues según versiones que la ONU consideró creíbles, no existía un retén militar debidamente señalizado-, disparó, al parecer, "en forma indiscriminada" (de nuevo cito el comunicado de la ONU). Los soldados aseguran que dieron orden de pare y que el vehículo no atendió el llamado. Quilcué cree, en cambio, que se trataba de un atentado contra ella. Nadie, a estas alturas, puede aventurar una conclusión. Sin embargo, los antecedentes y la historia violenta de este país exterminador, dan para pensar mal.

No es delirio de persecución o teoría de comunistas. El mismo día en que se publicaba la noticia de la muerte del compañero de Quilcué, los periódicos reportaban una ola criminal en Córdoba, donde han sido asesinadas una docena de personas en menos de una semana, y alrededor de 490 este año. Y eso que llevamos seis de 'paz', gracias a la Seguridad Democrática. Pues bien: cada día se reactivan más las organizaciones criminales de todos los pelambres. Pero de eso nadie habla, porque se ha vuelto una herejía comentar lo evidente, si eso contradice la verdad oficial.

Se cruzan estos datos con otra información. El vicepresidente Francisco Santos fue a Ginebra, para asistir a un evento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas donde tenía que escuchar quejas y rendir cuentas. Reportan los despachos de prensa que "siente vergüenza y pide perdón" por las ejecuciones extrajudiciales. Aunque esas son frases políticamente correctas, suenan huecas por estar vacías de voluntad política, que es lo único que haría cambiar la realidad. Si no es así, explíquenme qué significa que simultáneamente Santos le avise a la comunidad internacional que el Gobierno "se reserva" para el 2009 la decisión de reparar a las víctimas de los beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz, o sea, los victimarios que las desplazaron; que haya dicho que "no le reconocerá competencia" al comité de expertos de la Convención de Desaparición Forzada, para que no pueda investigar casos en nuestro terruño. Y que tampoco ratificará el Protocolo de la Convención contra la Tortura, que autoriza a los funcionarios de esa organización a realizar visitas sorpresa para verificar los lugares de detención.

Santos anunció también que no se levantará la reserva al Estatuto de la Corte Penal Internacional, con lo cual se impide que este tribunal investigue los crímenes de guerra cometidos aquí. Obras son amores y no buenas razones, Vicepresidente. Las centenares de víctimas despojadas de sus seres queridos y de sus bienes preferirían menos bla bla bla y más hechos.

 




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