Céfiros. Por: Carlina Toledo Patterson
Ocaso moral
Octubre 31 de 2008
Es una vergüenza para Colombia el llamado a calificar servicios de 27 integrantes de las Fuerzas Militares por su responsabilidad por acción u omisión en crímenes de la más baja calaña. Y es una tragedia que al interior de la institución que debe salvaguardar nuestra seguridad y nuestra democracia se dé el nivel de descomposición moral que vemos desde hace unos años. Lo inaudito es que desde suboficiales hasta generales estén implicados en actos de vulneración de los derechos y la dignidad de seres humanos, los cuales generalmente asociábamos con terroristas.
Sin duda no se puede generalizar y descalificar a todos por los errores de unos. Eso conllevaría un caos sicológico de la ciudadanía en torno a la institución castrense y se daría al traste con años de trabajo serio de algunos. Por eso es fundamental que el Gobierno sea claro y preciso en su información y que los colombianos sepamos de qué se le acusa a cada uno de los implicados.
Sin embargo, tampoco podemos tapar el sol con las manos y mucho menos cuando es bien conocido que en materia de derechos humanos tanto la Fuerza Pública como el Gobierno tienen no a una, sino a varias ONG respirándoles en el cuello y haciendo duros cuestionamientos por las anomalías que han encontrado en sus investigaciones, una de ellas según Amnistía Internacional, "el aumento de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas directamente por las fuerzas de seguridad".
Imposible negar que en los últimos seis años se han presentado hechos contundentes de ocaso moral en los cuales miembros del Ejército y la Policía han estado involucrados y que además nos han afectado de manera directa en el Valle del Cauca. El 22 de mayo del 2006 sucedió la masacre de Jamundí, en la cual fueron asesinados diez miembros de la Dijin y un civil por parte de soldados del Batallón de Alta Montaña, comandado por el teniente coronel Byron Carvajal, a quien se le encontraron nexos con narcotraficantes de la región. Por otra parte, el pasado 11 de septiembre fueron destituidos los generales de la Policía Jesús Antonio Gómez Méndez y Marco Antonio Pedreros por ser mencionados en grabaciones de alias Don Mario, el actual capo di tutti capi.
Ya a nivel nacional y en materia de falsos positivos no sólo está el caso de las desapariciones forzadas de jóvenes en Soacha este año (el Procurador ya habla de 110 posibles casos más), sino que esta semana leímos el testimonio del soldado Luis Esteban Montes, cuyo hermano fue asesinado por sus compañeros de pelotón para presentarlo como muerto en combate y así ser premiados con la salida en el Día de la Madre. También se han presentado destituciones por torturas y abusos, todo muestra de que el valor de la vida humana, sus derechos y su dignidad son factores relativos para algunos -demasiados- miembros de la Fuerza Pública.
El Presidente tiene frente a sí un gran desafío, porque es evidente que en su Política de Seguridad Democrática hay un exceso de lo primero y un faltante de lo segundo. Es fundamental que cese los mensajes contradictorios y que comience a admitir que de los desmanes de miembros de las instituciones castrenses han quedado víctimas, que son víctimas de agentes del Estado y es deber reconocerlas como tal y repararlas. De su actitud y de las medidas de reforma que imparta depende en gran parte su sostenibilidad, porque la presión externa es grande y la interna aumenta.
cuarto jinete / colombia
Y llegaran los d{ias aciagos en que nadie tenga nada que decir
y todos estaremos muertos
nuestros huesos no aparecerán
y nadie llorará al pie de nuestras tumbas inexistentes
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