CIASEEn la tercera semana de marzo salió en la prensa la noticia que anunciaba una condena de 40 años de cárcel para el homicida de Mario Calderón y Elsa Alvarado, ella y él con amplio reconocimiento en la investigación y en la defensa de derechos humanos. Perdieron la vida a manos de grupos paramilitares en 1997.
Varios de quienes les conocimos, además de sentir una vez más profundo dolor y rabia por tan vil asesinato y tantos años de impunidad, sentimos una gran preocupación por lo que está pasando en nuestro país. Decenas de defensoras y defensores de derechos humanos una vez más están siendo amenazados de muerte por escuadrones de asesinos que ven en su trabajo una amenaza para continuar con su accionar e intimidación; y como si esto fuera poco desde los micrófonos y la prensa escrita se quiere desprestigiar una vez más la dura vocación de trabajar por los derechos humanos y se pretende ocultar la gravedad y magnitud de las amenazas.
Una vez más han empezado las migraciones forzosas hacia el exterior para proteger la vida y una vez más el gobierno ofrece chalecos y camionetas como apoyo, en lugar de asumir una solución de fondo que brinde las garantías necesarias para este legítimo trabajo de reivindicación de los derechos ciudadanos. Pareciera que la época electoral que inicia renovará la perversa estrategia de atemorizar a la población para justificar propuestas políticas basadas en la prestación de seguridad a cambio de votos y uno se pregunta: En qué momento defender la Constitución y el más importante tratado de convivencia que ha suscrito la humanidad, La carta universal de los Derechos Humanos, se convirtió en delito; en qué momento el discrepar se volvió sinónimo de enemigo, en qué momento la democracia se cambió por el autoritarismo y el denunciar las irregularidades cometidas por agentes del Estado nos convirtió en enemigos de la patria. En qué momento la defensa del trabajo decente y de las remuneraciones justas nos convirtió en terribles monstruos que deben ser perseguidos y eliminados.
¿En qué momento los victimarios se convirtieron en víctimas o peor aún en defensores de la patria….?
¿En qué momento un país que se dice mayoritariamente católico acepta la pena de muerte como mecanismo de resolución de conflictos e involucra en su lenguaje cotidiano el lenguaje de guerra de "Quien no está conmigo está contra mí"?
¿En qué momento un país de tradición y vocación civilista fue militarizando todos sus espacios y muchos de los que tienen la obligación de garantizar nuestros derechos se sienten con la legitimidad para imponer de facto a sus detractores la pena de muerte sin el debido proceso, sustentados únicamente en la teoría que plantea que "El fin justifica los medios"?
Quienes aun creemos en el valor del dialogo, en la Democracia, en la riqueza de las diferencias y la diversidad y en el valor de nuestra carta democrática de 1991 tenemos la dura tarea de seguir defendiendo los derechos ganados, de seguir defendiendo el derecho a la discrepancia sin ser estigmatizado/a por quienes tienen una posición política distinta, de seguir deslegitimando las armas como mecanismo de tratamiento de conflictos y en especial, tenemos la tarea de demostrar a quienes se sienten agredidos y agredidas por la exigencia de los derechos humanos, que estos más que un obstáculo son el mejor instrumento para construir un mejor pacto social que posibilite un país más equitativo, más incluyente, más justo y más democrático.
Quizás es el momento de recordar que detrás del asesino que hoy recibe una condena de 40 años hay un autor intelectual que sigue en la impunidad y por eso nos seguirá doliendo el asesinato de Mario y Elsa. Hoy más que nunca, por ellos/as y por los/as cientos de amenazados y amenazadas sigue vigente el trabajo por los derechos humanos, y la defensa de la Democracia, por tanto seguiremos defendiendo el derecho al disenso y exigiendo garantías al Estado para el buen desarrollo nuestro trabajo.
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