- AFP
Detrás de "Campo Algodonero"
SALAMANCA, España - Los feminicidios han aumentado en Ciudad Juárez (México) con la llegada del Ejército mexicano, según denunciaron en la ciudad de Salamanca (oeste español) tres abogados que llevan años luchando por los derechos humanos en el país iberoamericano.
David Peña y Micheel Salas fueron los letrados que denunciaron al Estado de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de ocho mujeres en Ciudad Juárez en 2001, el caso conocido como "Campo Algodonero".
La tercera abogada presente en una conferencia organizada por la Fundación Torre del Clavero del Colegio de Abogados salmantinos, fue Alba Cruz, defensora de los derechos humanos en México, quien denunció el "hostigamiento y las amenazas" a la que le tienen sometida en el Estado de Oaxaca.
Los tres abogados aseguraron que con la entrada del Ejército en Ciudad Juárez se han "incrementado los casos de feminicidio", y David Peña reconoció, con rotundidad, que "ahora es cuando se está peor en los últimos años", ya que la violación de los derechos humanos "no sólo la cometen los particulares sino los que deberían protegerlos".
Ante los medios de comunicación, la letrada Micheel Salas dio datos para avalar ese incremento, ya que en 2009 se cometieron "184 homicidios de mujeres, la cifra más alta desde 1993; la prostitución ha aumentado un 400 por ciento en Ciudad Juárez y las desapariciones también se han incrementado un 400 por ciento y en lo que llevamos de año han desaparecido doce niñas".
Alba Cruz señaló la "impunidad" con la que trabajan los funcionarios del Estado ante la violación de los derechos humanos, ya que, pese a que "muchos han sido señalados como torturadores", siguen en sus trabajos pues "no hay mecanismos para sancionarlos", según le apoyó David Peña.
En esta línea, Micheel Salas explicó que el Estado mexicano "premia" a altos cargos que han "violado los derechos humanos" y puso como ejemplo al Procurador General de México, Arturo Chávez Chávez, quien "fue señalado por el Defensor del Pueblo como negligente y recomendó que fuera investigado".
Inseguridad jurídica
Cuando tratan de buscar una explicación sobre la inseguridad jurídica de las víctimas, los tres abogados han destacado al "sistema judicial" como responsable de esta situación.
"Las deficiencias estructurales del sistema, que es viejo y arcaico", añadidas a la "actitud de los funcionarios públicos que siguen resistiendo a incorporar en su trabajo la defensa de los derechos humanos" y a las "estructuras políticas" del país han hecho que la violación de los derechos humanos "es cotidiano y no se sanciona", relató David Peña.
Alba Cruz denunció que todas las violaciones de derechos humanos desde 2006 "han quedado sin resolver, pese a una sentencia de la Corte Suprema de la nación, del mes de octubre de 2009, donde se responsabiliza al gobernador del Estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, como violador de garantía de derechos fundamentales, aunque sigue en su puesto pese a esa sentencia".
Por su parte, la abogada Micheel Salas salió al paso de la imputación del juez español Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, calificando su situación de "terrible", ya que ha sido un "inspirador de la Justicia y cree en la defensa de los derechos humanos", por lo que le ha manifestado "la solidaridad al enaltecer la profesión de abogado".
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