Publicado todo el mismo dia en El Pais 04-11-08
Bogotá
Hoy, control político a Mindefensa Colprensa
Juan Manuel Santos, ministro de defensa colombiano.
http://elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/nov042008/PRI La oposición le hará hoy un debate de control político al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, por el caso de las ejecuciones extrajudiciales. Desde ya los senadores citantes manifestaron que si sus argumentos no son convenientes podrían aplicar la moción de censura.
Para los proponentes del debate, el Ministro debe responder políticamente por la muerte de personas que no tenían nada que ver con grupos armados ilegales. Un hecho grave, el cual debe tener una responsabilidad política, manifiestan.
El Partido Liberal y el Polo Democrático ya le enviaron un cuestionario al Ministro con 18 preguntas, donde cuestionan su papel por desconocer esas ejecuciones y piden mayor responsabilidad. Incluso los liberales le solicitaron la renuncia la semana pasada.
"Si no renuncia pensaríamos en que hay que presentar la moción de censura", sostiene el senador Héctor Helí Rojas (Liberal). Su razón es que el Ministro es el responsable de la política de seguridad democrática "no basta con descabezar generales aquí debe haber una responsabilidad política", sostiene.
Empero, los miembros de la oposición saben que la moción de censura no es fácil en el Senado, de mayoría de coalición de Gobierno. El senador Parmenio Cuéllar sostuvo que la coalición uribista no toma decisiones de manera soberana, reflexiva, "el Gobierno es el que dice qué hay que negar y se niega, no se puede desgastar una figura como ésta".
En junio del año pasado Santos afrontó una moción de censura por las interceptaciones telefónicas a miembros de la oposición y periodistas, que no prosperó.
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Jornaleros / Cali La responsabilidad del poder
Por: William Ospina
CUANDO LOS DEFENSORES DE LOS Derechos Humanos hablaron con alarma de la posibilidad de que se estuvieran dando en Colombia ejecuciones extrajudiciales y crímenes de Estado, el Gobierno y sus asesores rechazaron esas acusaciones y afirmaron que quienes así hablaban eran aliados de la subversión. Ahora se revela que altos oficiales del Ejército permitieron que hombres a su mando reclutaran jóvenes en las barriadas con la intención de asesinarlos y presentar sus cadáveres como bajas del enemigo, para merecer los premios que se ofrecen por dar de baja a los rebeldes.Desde hace años escuchamos denuncias de personas humildes que afirman que sus hijos o parientes, gentes pacíficas, siempre pobres y a veces con problemas de retraso mental, desaparecían de los barrios y aparecían como combatientes dados de baja, decorados con armas y uniformes. Eran casos aislados, se decía, y voceros del alto gobierno solían repetirnos que no se puede por casos aislados arrojar un manto de duda contra unas instituciones que todos tenemos el deber de respaldar.Lo mismo se dijo cuando se dieron los tremendos choques armados entre miembros de la Policía y del Ejército, como el caso de Jamundí, donde una tropa del Ejército acribilló a un grupo de agentes de la Policía antinarcóticos. Y cada vez que surgían evidencias de colaboración entre miembros de las Fuerzas Armadas y grupos al margen de la ley. El propio presidente Álvaro Uribe descalificó a quienes acusaron a miembros de la Fuerza Pública de haber asesinado a varias personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y acusó a esa Comunidad, bien conocida por defensores de los Derechos Humanos, de estar aliada con grupos subversivos. Nadie ignora tampoco el desagravio que brindó a un general de la República acusado de apoyar a grupos paramilitares en la región de Urabá.Quienes sólo sabemos lo que pasa en el país por la información que ofrecen los medios de comunicación, podemos equivocarnos en la apreciación y la valoración de los hechos. Tienen menos derecho a equivocarse quienes manejan toda la información posible, porque ejercen el poder y cuentan con millares de investigadores. Los gobernantes que responden por el honor de unas instituciones centenarias, tienen una tradición que honrar y un país que respetar. Por eso es un escándalo que, abandonando sus responsabilidades, se conviertan en defensores de oficio de quienes se ven acusados de crímenes.Cuando estalló el escándalo de los jóvenes de Soacha reclutados por militares y exhibidos como enemigos dados de baja, el Presidente declaró que estaba confirmado que habían muerto en combate. Ahora sacude a los estamentos ordenando una purga en las filas del Ejército porque se ha demostrado que aquellas acciones heroicas de unos militares eran en realidad crímenes atroces.Los oficiales implicados están siendo expulsados del Ejército por no haber sabido controlar a sus hombres. Pero ¿qué pasa con quienes no han sabido controlar a esos oficiales? ¿Cuál es la formación que se está dando a las Fuerzas Armadas para que oficiales de semejante graduación incurran en vilezas contra la comunidad peores que las de las peores tiranías? Los grandes tiranos suelen masacrar a sus opositores, pero son pocos los casos en la historia de la infamia en que se maten inocentes para obtener medallas. El hecho es de la mayor gravedad, y no implica sólo a quienes han cometido con toda conciencia estos crímenes, sino a quienes no sólo no han sabido controlarlos sino que los tenían acostumbrados a una rutina de justificaciones y absoluciones.Pero es que el discurso corriente de nuestros líderes es propicio para estimular esos comportamientos atroces. En cualquier país del mundo uno oye a los ministros de Defensa decir: "Estamos comprando armas, pero nuestros ciudadanos pueden estar seguros de que son para usarlas contra cualquier enemigo exterior". Sólo en Colombia le hemos oído decir a un ministro de Defensa: "Estamos comprando armas, pero los otros países pueden estar tranquilos porque esas armas son para usar dentro de nuestras fronteras". Esa diferencia sutil de intención termina siendo interpretada de muchas maneras.Cuando se presentó el espantoso asunto de un guerrillero que asesinó a su jefe mientras dormía y le cortó la mano para pedir la recompensa, el Gobierno aplaudió aquel hecho y nos hizo sentir la vergüenza de que Colombia se había vuelto una madriguera de cazadores de recompensas autorizados por el Estado para cometer crímenes. Y esa mano cortada ha quedado unida desafortunadamente a la memoria de este Gobierno, como un símbolo de su ambiguo sentido de humanidad.Ahora sabemos que es la continua exigencia de resultados, la costumbre de medir esos resultados por delincuentes dados de baja, y una política obscena de recompensas en honores, grados y medallas por hechos crueles, lo que alienta estos actos perversos de una gente que se engolosina con la violencia hasta el punto de masacrar sin escrúpulos a la propia comunidad.Cuanto más alto sea quien lo permite, más oscuro es el pecado, más desalentadores para la sociedad estos hechos que nadie olvidará. El ejercicio del poder es una responsabilidad trascendental, ante la que no caben las astucias. Porque hasta los testigos pueden callar y perdonar, pero la historia siempre dice la última palabra.
Bogotá
Examen de Fiscalía a falsos positivos Noviembre 04 de 2008
Colprensa
El fiscal Mario Iguarán Arana afirmó que sus declaraciones sobre los falsos positivos que generaron una polémica con el presidente Uribe están basadas en hechos y pruebas.
Según Iguarán, se han analizado los casos de ejecuciones extrajudiciales desde hace más de un año.
"Yo creo que cada uno hace lo que le corresponde, nosotros también nos revisamos, reaccionamos y reflexionamos en lo que nos compete. De un año para acá hemos promovido nuestras investigaciones con medidas de fondo que muestran que sí se dan estos casos", indicó Iguarán.
El Fiscal resaltó el acompañamiento dado por el Gobierno Nacional, el Ministro de Defensa y el alto mando militar para promover dichas investigaciones.
"Lo que tenemos denunciado ante la Unidad de Derechos Humanos son miles los casos sobre desaparecidos. Las regiones donde estamos concentrado nuestros esfuerzos son Antioquia, Meta, Córdoba, Norte de Santander y Casanare", dijo Iguarán.
Justicia
Opinión
Crímenes escabrosos Noviembre 04 de 2008
Por Alberto Ramos, profesor de Ciencia Política, Universidad Libre.
Los pagos y las recompensas se convirtieron en una práctica perversa para no combatir, sino para inflar resultados.
Los pagos, las recompensas, los estímulos y las delaciones diseñadas para señalar, desmovilizar y desvertebrar al enemigo, se tornaron en una práctica perversa para no combatir, ni pelear, para inflar resultados y aparentar éxitos, se convirtieron en un remolino sangriento. Denotan también la falta de seguimiento a las tareas de los subalternos, la falta de eficacia de la Fiscalía y de gestión de los organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, y la consagración dentro del Estado de la guerra como negocio.
Donde queda el papel de la Procuraduría General de la Nación si desde hace tres años viene recibiendo quejas por desaparecimientos afines a esa modalidad criminal y tiene 110 casos sin resolver de falsos positivos, además, según la periodista María del Rosario Arrázola, la Procuraduría tiene a 2.878 militares vinculados por homicidios en persona protegida, sin sancionar a ninguno; mientras la Fiscalía conoce de 1.015 personas eliminadas por las Fuerzas Militares, presentadas como muertas en combates.
Entonces qué clase de investigaciones hicieron en estos años los procuradores adscritos a los cuerpos militares, según el Artículo 43 del Decreto 262 del año 2000, normativa de la estructura de la Procuraduría. Cómo desempeñaron sus funciones de protección y defensa de los derechos humanos que consagra el Artículo 26 del mismo decreto, pudiendo promover ante las autoridades judiciales y administrativas el cumplimiento de las normas del orden nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. El numeral 4 prescribe que la Procuraduría debe llevar un registro actualizado de los hechos constitutivos de las violaciones e infracciones de los derechos humanos. La pregunta que se formula en estos momentos cualquier ciudadano preocupado por la demencial noticia es: qué investigaciones adelantaron los procuradores ante los estamentos militares, si bastaba con iniciar las pesquisas revisando los reportes y las planillas levantadas después de los supuestos combates; indagar por qué habían movido los cadáveres del lugar de los hechos, y por qué nunca se llegaba a la verdadera identidad si contaban con los forenses y funcionarios para la toma de las huellas decadactilares; ¿Qué función cumple la Procuraduría General de la Nación, en medio de un conflicto interno, frente a los levantamientos, necropsias y enterramientos de todos los guerrilleros reales o los supuestos guerrilleros dados de baja en los combates reales o los combates ficticios? ¿Cuántas necropsias ha revisado la Procuraduría para hacer una análisis comparativo sobre distancia de los disparos y clase de forámenes? Y, ¿cuál ha sido el papel de la Defensoría del Pueblo si también conocían de todas estas quejas?
Un tráfico de jóvenes pobres convertidos por la imaginación criminal en guerrilleros o terroristas muertos. O un tráfico de terroristas ficticios o inventados para buscar sus traficantes no combatir, y ganarse el dinero del presupuesto nacional destinado a las recompensas.
Con estas ejecuciones extrajudiciales y crímenes de Estado, entonces, ¿dónde queda la justicia y el derecho, la moral pública y los valores democráticos. Y ¿cuál es el modelo de autoridad que se irradia hacia la sociedad?
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