Jueves, 07 de Mayo de 2009 / 10:35 h
http://www.diariocolatino.com/es/20090507/internacionales/66562/
TeleSUR
Las autoridades colombianas capturaron a siete militares del Ejército por ser acusados de haber asesinado a un menor de edad en la ciudad Medellín (norte), en el marco del escándalo por los llamados "falsos positivos", o ejecuciones extraoficiales por parte de la fuerza pública.
A estos siete militares, adscritos a la IV Brigada del Ejército, se les investiga por el asesinato de un menor de edad, acusado de pertenecer a una banda delincuencial, y a quien las tropas reportaron como caído en combate el 11 de abril de 2005, en el sector San Javier, al oeste de Medellín.
Luego la Fiscalía establecería que el joven, quien en el momento de su muerte iba a bordo de su bicicleta, fue retenido ilegalmente por los militares y conducido desde el barrio Manrique, al este de Medellín, hasta el lugar donde ocurrió el crimen.
El caso de los "falsos positivos", personas civiles asesinadas por la fuerza pública para luego hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate, mostrar resultados ante sus superiores y obtener beneficios, ha causado revuelo en el país suramericano, sumido en guerra civil desde hace 50 años.
Tan sólo esta semana, tres uniformados de alto rango han sido capturados por su presunta implicación en hechos de esta naturaleza.
Según el bogotano diario El Tiempo, entre estos altos mandos que ya se encuentran en manos de la justicia está el coronel José Gabriel Castrillón García, del Estado Mayor de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova.
Castrillón García se entregó a las autoridades en Bogotá el miércoles e inmediatamente comenzó a rendir indagatoria por el asesinato de cuatro jóvenes el 12 de febrero de 2004 y presentados posteriormente como guerrilleros.
Para el momento de la masacre, Castrillón era el comandante del Batallón Vélez, adscrito a la Brigada XVII. Tropas bajo su mando realizaron el operativo en la vereda Arizal, en Unguía, zona rural de Acandí, en el sureño departamento Chocó.
Los subordinados de Castrillón reportaron además de las supuestas bajas la incautación de tres fusiles AK-47, un mortero y un radio de comunicaciones.
No obstante la versión de las familias de las víctimas (Alberto Mario Arias Manjarrez, Luis Armando Campo Mercado, Edwin Enrique Arias Chávez y José Ulises Pérez Pérez), no concordaba con el reporte de los oficiales.
Los parientes le dijeron a la Fiscalía que los muchachos fueron contratados días antes para trabajar en una finca bananera.
El coronel Castrillón es sólo uno de 12 militares investigados por la muerte de los cuatro jóvenes. Hay otros 11 de sus uniformados que tienen orden de captura y son buscados por la Fiscalía.
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